Los plazos para resolver solicitudes se han disparado en las oficinas de extranjería y la mayoría incumple los tiempos que marca la ley con demoras que afectan a cientos de miles de personas. Los mayores retrasos se concentran en las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo que son, precisamente, las más numerosas (cerca de 100.000) y sirven a los extranjeros para regularizarse después de dos o tres años viviendo en España. La ley marca un plazo máximo de 90 días para resolverlas, pero la media de todo el país está ya en 108 días. El récord lo ostenta Barcelona, la segunda oficina con más expedientes, que tarda 152 días. Más de dos meses de demora extra. El plazo medio de resolución supera los 100 días en 28 de las 52 oficinas del país.
Jonathan, un informático colombiano de 29 años, lleva desde junio esperando a que la oficina de Barcelona resuelva su expediente. Después de más de tres años en España cumple los requisitos —incluido un contrato de trabajo de un año— para acogerse al arraigo social y regularizarse. “Vivo pendiente. No me pueden echar del país, pero no puedo trabajar. Si no fuese por la ayuda de mi pareja no podría ni pagarme una habitación”, se queja. Jonathan lamenta la precariedad en la que lleva instalado desde 2019. “En estas circunstancias en las que estamos, esperando durante tiempo, se aprovechan de nuestra necesidad. Nos ofrecen trabajos pagando 300 euros en b o en los que ni siquiera tienes sueldo. Pero como no tienes otra cosa, aceptas”.
Los recursos y la eficiencia de las oficinas de extranjería son un tema recurrente en los informes del Defensor del Pueblo. La institución lleva desde 2012 señalando las demoras y la falta “de medios humanos y materiales” que dificultan “la gestión eficaz” de los procedimientos. La tesis del defensor, reflejada a lo largo de estos años, es la “ausencia” de una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad, desde las fronteras hasta los trámites fundamentales para su inclusión en la sociedad.
Los datos de las oficinas de Extranjería, facilitados por el Ministerio de Política Territorial del que depende su actividad, revelan que los plazos también se sobrepasan en las reagrupaciones, la figura que permite al extranjero que ya está en situación regular en España traerse a su familia. Hay algunos casos graves. La oficina de Ciudad Real, que en 2021 ha recibido solo 412 solicitudes, presenta un desfase de plazos desproporcionado en la mayoría de los trámites. Aquí las peticiones de reagrupación familiar, que la Administración debe resolver en 45 días, por ejemplo, se alargan hasta los 221 días. Es decir, siete meses para un trámite de mes y medio.
Los más de dos millones de extranjeros no comunitarios que viven en España están sometidos a un régimen de autorizaciones para poder vivir y trabajar y dependen de la eficiencia de las oficinas de extranjería para mantener sus papeles en regla. Estos dos millones de personas son solo los que ya residen de forma regular, que requieren sobre todo renovaciones, gestiones mucho más sencillas, pero a ellos se suman las solicitudes de cientos de miles de personas que, tras cumplir los requisitos, acuden a la Administración para regularizarse por primera vez. El incumplimiento de los plazos les mantiene en un limbo de legalidad en el que mientras aguardan una respuesta no son considerados irregulares, pero no pueden trabajar o abrir una cuenta de banco. Olga Hernández, de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería, mantiene que hace mucho tiempo que las oficinas se quejan de falta de personal: “Estos retrasos no son aceptables. Fomentan la economía sumergida y tienen un impacto directo en la vida de los extranjeros. ¿Qué empresa que ofrece un contrato de trabajo va a esperar seis meses para contar con su empleado?”
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