El Gobierno catalán afila su discurso y sus políticas para los inmigrantes

CiU desdeña la corrección política en busca de conexión con las opiniones restrictivas populares

El Ejecutivo de Artur Mas endurece sus mensajes y aumenta las exigencias para acceder a ayudas

(www.elperiodico.es) Domingo, 18 de septiembre del 2011

El Gobierno catalán da por consumado un cambio de paradigma en el discurso sobre la inmigración. Las tesis duras sobre los extranjeros ya son la norma. Los tiempos cambian y las necesidades también. El nuevo Ejecutivo de CiU dio por muerto el discurso políticamente correcto cuando llegó al poder. Y se ha aplicado a ello. El buenismo es historia en el Palau de la Generalitat. Otra cosa es concluir que también en el fondo y el contenido ha habido tanta dureza: algunas restricciones en el acceso a ayudas, pero limitadas.

De lo que no hay duda es de que el discurso del Govern ya no contempla el eufemismo. El último ejemplo de ello es reciente. Días atrás, el consellerde Interior, Felip Puig, volvió a demostrar que no le pesa decir las cosas sin miramientos. Afirmó que existe «una cierta tendencia de algunos colectivos que acaban organizándose por etnias o por clanes, como los peruanos en las autopistas, o determinados colectivos rumanos en el robo de cobre, o de sudamericanos en bandas urbanas de pequeña delincuencia en la calle». Y agregó que en su opinión esta sentencia, que asocia el país de origen con algunos delitos, debe ser esgrimida «sin hipocresía». La frase fue matizada: «La delincuencia no tiene raza, ni religión, ni color de piel». Sin embargo, el mensaje quedó claro, y el matiz, en segundo plano.

Quizá la gran diferencia con tiempos pretéritos es que Puig casi no escandalizó a nadie. Su frase pasó prácticamente desapercibida. Su doctrina se antoja la del Govern en su conjunto, en el que, cierto es, no todos viven con el mismo entusiasmo un hecho claro: por primera vez, el Govern ha perdido el miedo a decir en voz alta que los extranjeros no pueden mantener las ayudas que recibían hasta ahora, que deben integrarse si quieren recibir servicios. En definitiva, que más que un activo pueden resultar un inconveniente.

LA CALLE / El discurso duro también lo han asumido representantes destacados del PSC en los municipios, de Àngel Ros en Lleida a Manuel Bustos en Sabadell. Pero donde de verdad parece estar instalado ese discurso es en la calle y en los votantes.

Y el problema es que el discurso políticamente correcto ya no sirve como alternativa al duro. Falta uno nuevo. Entretanto, el Govern de CiU -igual que algunos alcaldes socialistas- se ha aplicado al primero, al de la calle. De momento, ha endurecido el acceso a algunas prestaciones reclamando más años de residencia. Y también ha sembrado dudas. Por ejemplo, sobre si prohibirá el burka. O sobre la posibilidad de elevar la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a prestaciones. Quizá los más claros en este terreno hayan sido Puig y el conseller de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, cuyas frases son las que más estruendo han generado.

Mena, por ejemplo, cuestionó el derecho de muchos beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción a recibirla poniendo el acento en los inmigrantes, si bien reciben esta ayuda por pobres -por resumirlo- y no por foráneos. La cara amable en todo este asunto es la del titular de Benestar i Família, Josep Lluís Clèries, al que no se ve tan cómodo como a Mena en estas situaciones. A Clèries pertenece esta frase: «En immigración tenemos que huir del buenismo y luchar contra el racismo». Lo segundo se da por descontado. Lo primero, corregido y aumentado, ha marcado la gestión del Govern de CiU.

OBRA REALIZADA / El Ejecutivo catalán esgrime su labor en estos ocho meses: entre otros aspectos, un acuerdo con la Federació de Municipis y la Associació de Municipis para establecer un protocolo de actuación en la elaboración de informes de extranjería; la puesta en marcha de un sistema de gestión de expedientes para acceder al arraigo, la reagrupación familiar y la renovación de la residencia temporal; la redacción del reglamento de la ley de acogida, y una denuncia contra Plataforma per Catalunya por atacar a los inmigrantes en su propaganda electoral.

LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN | CALLES CONFLICTIVAS

Fuente seca, banco fuera

Ayuntamientos catalanes amplían el catálogo de medidas para aumentar el control del uso que los inmigrantes hacen del espacio público en barrios con elevadas tasas de extranjeros.

El 28 de mayo del 2010 Lleida se convirtió en la primera ciudad de España en que se prohibía el uso del velo integral en equipamientos municipales. Una normativa impulsada por el alcalde, Àngel Ros (PSC), a la que luego se sumaron una decena de municipios catalanes de distinto signo político (Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cunit, Figueres y Roses). Para no herir sensibilidades, algunos ayuntamientos recurrieron al eufemismo y vetaron la prenda sin citarla, ya que lo que se prohibió fue ir con la cara tapada en aras de la seguridad.

La restricción al velo integral coincidió, además, con un endurecimiento del discurso sobre los derechos y deberes de la inmigración. Tras los incidentes de Salt del 2010 y el 2011, la entonces alcaldesa, Iolanda Pineda (PSC), se erigió en portavoz de los alcaldes que exigían a la Generalitat y al Gobierno que se tuvieran en cuenta los informes municipales negativos a la hora de denegar permisos de residencia por arraigo a inmigrantes incívicos. Una petición que la secretaria de Estado Ana Terrón se comprometió a cumplir.

Políticas de choque

Algunos ayuntamientos han arbitrado políticas de choque claramente dirigidas al control de la inmigración en el espacio público. Es el caso de Salt y Badalona, donde se han cerrado fuentes para impedir el abastecimiento de agua en la vía pública. Aunque en el caso del municipio del Gironès el regidor de Servicios, Josep Valentí (CiU), argumenta que es una medida «para luchar contra el mosquito tigre», también alega las quejas de los vecinos y el despilfarro de agua. «Había gente que manipulaba los grifos de las fuentes para que saliera agua de forma continua y los dejaban abiertos toda la noche», explica Valentí. El resultado es que se han cerrado 26 de las 30 fuentes que hay en la ciudad.

Un problema similar ocurre en Badalona, cuyo alcalde, Xavier García Albiol (PP), declaró días atrás ante el juez como imputado por un presunto delito de xenofobia. Su concejal de Vía Pública, Daniel Gràcia, afirma que han cerrado tres fuentes porque«grupos de rumanos se bañaban desnudos y lavaban la ropa con detergente».

Badalona, y también L’Hospitalet, una población gobernada por el PSC, han desplazado o suprimido bancos públicos para impedir reuniones nocturnas por parte de grupos ruidosos. Santa Coloma de Gramenet ha ido más lejos y ha decretado el cierre, a partir de las 22.00 horas, de los bazares y pequeños colmados que abrían toda la noche. Su alcaldesa, Núria Parlón (PSC), considera que este tipo de establecimientos atraen a gente a altas horas de la madrugada para comprar alcohol, provocando ruidos y molestias a los vecinos.

Otro capítulo de este tira y afloja es el la prohibición de la construcción de mezquitas. Una oposición que algunos ayuntamientos justifican por motivos estéticos. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón (CiU), ha revocado la licencia de obras que el ayuntamiento concedió a la comunidad musulmana porque no le gusta la estética árabe del proyecto del templo.

En Salt, sin embargo, los reparos que el consistorio de Jaume Torramadé (CiU) plantea a un centro de culto islámico se basan en que su actividad no se ajusta a los usos de la zona industrial donde se quiere construir, a pesar de que fue el propio ayuntamiento -cuando estaba gobernado por el PSC y ERC- el que obligó a las dos comunidades musulmanas que lo impulsan a ubicarlo en el polígono Torre Mirona.