El nuevo Reglamento de Extranjería será aprobado a principios de abril


 
Tras la exposición del texto del borrador en el Congreso de los Diputados, la secretaría de Estado de Inmigración y Emigración aguarda el informe del Consejo de Estado.

(Publicado en http://www.latinoamericaexterior.com) Cerrado el 25 de febrero el plazo de audiencia pública, en el que tras la presentación del texto del borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería a los agentes sociales, éstos pudieron emitir sus opiniones, el trámite continúa ahora con el estudio de las alegaciones presentadas por Comunidades Autónomas y otras instancias, a las que se hizo lugar.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración informaron a Latinoamérica Exterior de que se estima que tras la presentación y visto bueno del Consejo de Estado, fecha que aún no ha sido fijada, el nuevo Reglamento de Extranjería estaría aprobado a principios del mes de abril. Sindicatos, empresarios, abogados, ONGs y Comunidades Autónomas han presentado. Tras ser consideradas, el final será un “nuevo texto”, como dijo la secretaria de Estado Anna Terrón.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, compareció el miércoles 9 de marzo en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados para presentar el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería. Este es un paso más en el camino del Reglamento hasta su aprobación.

Cerrado el 25 de febrero el plazo de audiencia pública, en el que se presentó el texto del borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería a los agentes sociales para que pudieran emitir sus opiniones, el trámite continúa ahora con el estudio de las alegaciones presentadas por Comunidades Autónomas y otras instancias, a las que se hizo lugar. Fuentes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración informaron a Latinoamérica Exterior de que se estima tras la presentación y visto bueno del Consejo de Estado, el nuevo Reglamento de Extranjería estaría aprobado a principios del mes de abril.

Terrón quiso destacar en el Congreso que el Reglamento de Extranjería, que debe desarrollar la reforma de la Ley de 2009, es un instrumento que quiere “dar respuestas ágiles y eficaces a los retos actuales ante el nuevo contexto migratorio”. Tras la fase de audiencia pública, dijo la secretaria de Estado, el borrador del Reglamento se presenta como “un texto de diálogo y consenso”.

En su opinión, el texto consolida un modelo, impulsado desde 2004, basado en la regularidad y vinculado a la situación actual de empleo. Y con esta voluntad de relacionar inmigración y mercado de trabajo, el Reglamento ofrece mayor estabilidad a los contratos entre empleadores y personas extranjeras, para evitar posibles contrataciones de conveniencia. De este modo, en el supuesto de que el empleador no responda a razones objetivas al finalizar esta relación laboral no podrá volver a contratar a ningún trabajador extranjero en los siguientes tres años. La secretaria de Estado recordó ayer que el texto se refiere a “empleadores, no a empresas. Y en este país, los empleadores somos muchos”.

Por otro lado, Anna Terrón también insistió en la excepcionalidad de los informes relativos al esfuerzo de integración, que deben emitir las Administraciones autonómicas dentro de los procedimientos sobre renovación de autorizaciones de residencia. Éstos “no deberán presentarse cuando se cumplan los otros requisitos necesarios para las renovaciones”, recalcó la secretaria de Estado. El Reglamento desarrolla el contenido mínimo que debe incluir estos informes.

La cuestión de los informes relativos a la integración fue uno de los puntos más conflictivos en la discusión sobre el texto del nuevo Reglamento durante la V Conferencia Sectorial de Inmigración, celebrada el 22 de febrero en Madrid. No sólo los consejeros de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se manifestaron en contra, sino también alguna incluso dirigida por los socialistas.
Ese fue el caso del Princip

ado de Asturias, representado por el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, quien habló de que el borrador del Reglamento incluye “la imposición” a las Comunidades Autónomas de emitir esos informes en aquellos casos que no cumplan con alguno de los requisitos necesarios para renovar su permiso de residencia o trabajo.
Desde la Secretaría, en tanto, se valoró que en la reunión, que duró alrededor de cuatro horas, se produjo entre el “diálogo constructivo” y las “consignas de partido”, como dijo Terrón, en un aparte en el encuentro. Según la secretaria de Estado, en la reunión prevaleció un diálogo “constructivo y sensato”.

Terrón explicó que con las objeciones y propuestas de las Comunidades Autónomas “vamos a elaborar un nuevo texto del reglamento”.En general, la posición de las Comunidades Autónomas estuvo dividida entre quienes, como Andalucía, presente a través de su consejero de Empleo, Manuel Recio, consideraron que el reglamento “viene a mejorar la situación de los inmigrantes más vulnerables”, y Murcia o Madrid, que critican que el desarrollo de la Ley de extranjería llega tarde, sin consenso y sin fondos.

Así, Recio manifestó su apoyo al borrador por considerar que desarrolla de forma adecuada la normativa básica, mejora la situación de los “más vulnerables y liga la inmigración al mercado de trabajo”.
Por contra, la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de Madrid, Paloma Adrados, coincidió con los demás representantes de gobiernos autonómicos del PP al señalar que el reglamento llega tarde y sin concertación y trata a las autonomías de “meras Viene de página 3
comparsas” del Gobierno.

Los representantes del PP llegaron a la Conferencia con una posición común, que la consejera madrileña explicó. El Reglamento “no mejora de ninguna manera la Ley de Extranjería y no fomenta la inmigración ordenada y legal” y que ninguna de las comunidades autónomas del PP están dispuestas a asumir responsabilidades en inmigración que le corresponden al Estado, como elaborar informes para que los extranjeros obtengan permisos de residencia o trabajo.

En ese sentido, Terrón explicó que la elaboración de informes de integración estaba específicamente contemplado en la Ley y que lo único nuevo es un “informe subsidiario para personas que no tienen otra manera de acreditar alguna renovación y que afecta a un número muy pequeño de personas y que está previsto por la Ley en su artículo 31.7”.

Así pues, “no hay fondos específicos porque no hay acciones específicas más allá de las que ya se están haciendo”, ha dicho.Las conversaciones no fueron tan conflictivas en las reuniones con los agentes sociales, cono quienes la secretaria de Estado llegó a un acuerdo sobre el borrador que mejora los procesos de contratación en origen y los trámites de renovación de los permisos. En más de dos horas de reunión, Terrón y los representantes de las patronales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT consensuaron también aspectos sobre la integración y reagrupación familiar de los inmigrantes y la posibilidad de conseguir papeles partiendo de una situación irregular.

“El diálogo social ha llegado a buen puerto”, subrayó Terrón en declaraciones a Efe, quien agradeció el “esfuerzo” realizado por las partes para lograr un acuerdo sobre “una ley para la que no hubo acuerdo”.

Según se comunicó de forma oficial tras la reunión, los principales elementos de acuerdo fueron:

-Fortalecer y mejorar los distintos canales de migración laboral regular, mediante una regulación de flujos basada en la contratación en origen.

-Mejorar los sistemas para acreditar que no hay trabajadores residentes en España que puedan cubrir los puestos de trabajo ofertados, garantizando que cuando haya que acudir a la contratación en origen, esta sea posible y ágil como para dar respuesta a las necesidades empresariales.

-Garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y su integración social, incluyendo la sistematización de la regulación de la reagrupación familiar.

-Abordar las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo desde la perspectiva de favorecer el mantenimiento de la situación de regularidad, la continuidad en el mercado de trabajo y la empleabilidad.

-Dar soporte a la internacionalización de las empresas.

-Trasponer a la legislación española las Directivas Europeas haciéndolas compatibles y respetuosas con la situación nacional de empleo y con la competitividad de las empresas españolas.

-Garantizar el equilibrio entre el objetivo compartido de favorecer la migración regular y la existencia de posibilidades de acceder, desde la situación administrativa irregular, a la documentación en casos excepcionales e individualizados.

– Incrementar la información dirigida a los Interlocutores Sociales, sobre el desarrollo de los distintos procesos de regulación de flujos migratorios laborales.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pidió al Gobierno que garantice que los inmigrantes ilegales que sean menores de edad no acompañados de un adulto tengan la asistencia de un abogado de oficio obligatoria. El informe de la abogacía subraya la necesidad de garantizar los derechos de los menores “desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación, incluyendo el proceso de determinación de la edad y protección por desamparo”.

Así, los expertos de extranjería del CGAE se muestran “contrarios a penalizar a un menor hijo de residentes legales con dos años de residencia irregular” tal y como recoge el borrador del Reglamento de Extranjería.

Para los abogados, este periodo de carencia debería ser “eliminado o al menos disminuido”, ya que “una anormal actuación” de los padres no debería repercutir en los derechos del menor, han considerado.

Mientras transcurren los plazos que harán que a principios de abril el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería esté aprobado, la Casa de América quiso dar oportunidad de conocer el alcance de este texto de la mano de tres expertos en el tema: Markus González Beilfuss, director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración; Ramiro García de Dios, magistrado del Juzgado número 6 de Madrid; y Cristina Olmedo, asesora jurídica de la Red Acoge. El debate, que tuvo lugar el 15 de marzo en la sede de la Casa.

 

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