(foto http://www.policialocal.wordpress.com)
Nueva presión al “Top manta”. Barcelona trata de desactivar a los lateros y manteros extranjeros dificultando la obtención de papeles. El informe municipal para pedir la regularización por arraigo es negativo si se incumple la ordenanza cívica.
(La Vanguardia)
La lucha contra la venta ambulante no autorizada está obligando a muchos ayuntamientos catalanes a afinar la imaginación. A veces con desigual fortuna. Lo ilustran los recientes culebrones de El Vendrell y Calafell. Y es que la vigilancia del espacio público es obligada, pero si no va acompañada de otras medidas sólo mitiga el problema, no lo resuelve. El Ayuntamiento de Barcelona está lanzando ahora un nuevo mensaje a los vendedores ambulantes de la ciudad: ese no es el modo de hacer del país a su nuevo hogar.
Desde hace apenas un año, todos los inmigrantes que recurren a la vía del arraigo para solicitar su regularización en España están viendo como el informe municipal al respecto, no vinculante pero con gran peso final, es negativo en caso de haber incumplido la ordenanza cívica al menos cuatro veces durante los últimos doce meses.
Entre muchos nouvinguts, sobre todo entre los de estratos más necesitados y desinformados, aún campa la leyenda urbana de cualquier papel oficial es bueno para demostrar la estancia en este Estado y, a la postre para conseguir lo anhelados papeles, que tanto vale una sanción como un carnet de la biblioteca.
De este modo, no es difícil encontrar asiáticos o subsaharianos, lateros o manteros que apenas balbucean el castellano, que piensan que la orden de expulsión o las sanciones administrativas de la Guardia Urbana que guardan en su bolsillo son en realidad la puerta a un futuro de estabilidad y progreso. Nada más lejos de la realidad. Esta equivocada creencia nació durante el último proceso de regularización abierto por el Gobierno, hace ahora unos cinco años, cuando una multa de tráfico podía servir para acreditar cuánto tiempo se llevaba viviendo en España.
Ello no quiere decir que los inmigrantes vayan a la búsqueda de la multa, sino que impera entre muchos de ellos cierta inconsciencia a la hora de ponderar las consecuencias futuras de las sanciones. Además, como muchos de ellos están empadronados en domicilios desconocidos, la amenaza económica no surte efecto. Pocos pagan las sanciones.
Lo que pretenden las autoridades municipales es desincentivar a quienes se están pensando extender la manta, darles a entender que ese no es un camino de integración. De las cerca de 6.300 personas que en el último año solicitaron al Ayuntamiento de Barcelona su informe de arraigo, 47 habían sido sancionadas de manera reiterada por incumplir la normativa municipal.
El Consistorio también busca desde hace tiempo la complicidad de los principales líderes de las comunidades asiáticas y sub saharianas establecidas en la ciudad ¿Su respuesta? Hay que dar alternativas laborales a los jóvenes. La existencia de manteros y lateros también demuestra que en esta sociedad hay más de una categoría de ciudadanos. Los hay de primera y de segunda.
(Imagen: MIQUEL TAVERNA)
El nuevo frente abierto por la administración local contra la venta ambulante ilustra cómo la lucha contra este negocio que perpetúa la explotación y empobrece la sociedad requiere de varias líneas de trabajo paralelas y simultáneas.
La policia municipal lleva decomisadas un millón de latas de cerveza desde el año 2006, así como un millón y cuarto de gafas de sol, bolsos, collares…Buena parte de esta cosecha se la llevado a cabo, precisamente, en los últimos meses.
Y es que después de que la lucha contra la venta ambulante en la capital catalana tocará fondo el año pasado, cuando la impresión general era que los lateros gozaban de total impunidad en las calles más céntricas, una nueva actitud policial, así como una mayor y mejor colaboración entre los cuerpos de seguridad, está propiciando un punto de inflexión en esta guerra todavía lejos de resolverse.
Las nuevas tendencias, con todo, quedaron contestadas recientemente, en la últimas fiestas de Gràcia. En apenas tres días se incautaron tantas latas de cerveza como durante todas las fiestas del año pasado: más de 16.200 unidades. Entonces los Mossos d´Esquadra se involucraron más que nunca en esta labor. La presencia de lateros en esta fiesta de de agoto fue muy inferior a la de otros años, y los incidentes de madrugada, también.
Ahora no es raro ver agentes de la Guardia Urbana por la Rambla con un lote de seis latas de cerveza recién incautadas. Ni a personas multadas, o al menos advertidas, por beber alcohol alegremente en la calle, una circunstancia que desincentiva la compra. Pero la vigilancia del espacio público, apuntan fuentes municipales, tiene resultados limitados sino se actúa contra los centros de distribución y contra quienes realmente se enriquecen de este tinglado.
Los investigadores prefieren hablar de pequeñas redes en un lugar de grandes mafias, sobre todo en lo que a los vendedores ambulantes de cerveza se refiere. Ofreciendo latas por las calles hasta bien entrada la madrugada acaban aquellos que entraron en el país en último lugar, muchos de ellos, de una forma clandestina y no hallan otra vía de supervivencia diferente a la que les ofrecen sus compatriotas más espabilados.
No es de extrañar que el último centro de distribución desmantelado en Ciutat Vella fuera también el hogar de medía docena de lateros. Allí, en un almacén, los pakistaníes vivían entre neveras y colchones a cambio de pagar 300 euros al mes, un dinero que reunían vendiendo latas para su casero, el mismo que se las proporcionaba. La policía municipal decomisó las neveras y precintó el lugar como si se tratara de una pensión ilegal.
Las fuentes del Ayuntamiento explican que agentes de paisano de la Guardia Urbana comprobaron que buena parte de los manteros del Park Güell recogían sus artículos – y la manta ya preparada- de una furgoneta que rondaba de manera permanente por los alrededores.
Los agentes municipales procedieron a seguir la furgoneta a fin de localizar el verdadero centro de distribución de los productos falsificados, pero el vehículo se dirigió a Sant Adría de Besòs y luego a Badalona. Por ello la colaboración entre cuerpos es fundamental.
Aún queda mucho por hacer, entre otras cosas concienciar a los compradores. La ordenanza cívica ya prevé multas para los clientes, siempre y cuando sean sorprendidos in fraganti. El Ayuntamiento entiende que convencerlos por las buenas tiene mucho más futuro que amedrentarlos.
Pregunto:
¿Cual es la «alternativa» de supervivencia que tiene un sin papeles?
¿Quién puede darle trabajo?
¿Que esperamos que «hagan» una vez que están dentro del país?
¿Cual es la respuesta «correcta» que se espera de ellos y de la sociedad?
¿Que pasa con un «sin papeles» cuando tiene orden de expulsión y se lo deja nuevamente en la calle?
¿Limbo para siempre?
¿Años de subsistencia sub-legal esperando una posible amnistía cuando esta sea de redito político para algún partido?
No los enviamos de retorno a sus países porque sería carísimo, por si no lo pensaron, equivaldria a muchos cientos de transatlánticos o varios miles de aviones.
¿Entonces que? ¿que se pudran en las calles?